Como informáramos tiempo atrás, el gobierno ecuatoriano propuso la prohibición de los negocios relacionados con el juego y los casinos, pero dejó la decisión al pueblo, impulsando una consulta popular, en la que finalmente se aprobó que la industria de los casinos fuera desmantelada. La consulta popular también reveló que existían en Ecuador salas de juego legales e ilegales, que en total empleaban a alrededor de 3 mil trabajadores.
El gobierno de Ecuador había dado un plazo bastante extenso antes de levantar el negocio, y dicho plazo se venció el pasado 16 de marzo y no aprobaron la solicitud de prórroga que la mayoría de los casinos más grandes del sector habían elevado, en busca de recuperar las inversiones volcadas en el negocio.
Uno de los casinos que mantuvo sus operaciones hasta último momento fue el casino Montecarlo. El resto ya han cerrado sus salas con varios días de anticipación.
El representante legal de Montecarlo, Pedro Sánchez, afirmó que si bien esta disposición supone que el juego será ilegal en Ecuador, el juego va a seguir existiendo, pero será juego ilegal, que “es más difícil de controlar, que no paga impuesto y que sí va a provocar problemas en el país”. Sánchez destacó que es necesario regular el juego correctamente y que cerrando los negocios de juego no se soluciona el problema, si no que se crean nuevos, como la proliferación del juego ilegal.
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