La intención del Gobierno de Chipre de prohibir los juegos de azar online a pesar de ser la sede de muchas compañías de juego de juego online ha provocado un nuevo escándalo entre los políticos. Muchos de los representantes mantienen que la prohibición del juego online deja abierta la posibilidad de un monopolio por parte de la compañía estatal griega, OPAP.

A esta protesta se han sumado los operadores de juego online, argumentando que están siendo perseguidos en beneficio de la empresa masiva griega, y que el proyecto de la prohibición había sido redactado por personas no identificadoas vinculadas con la OPAP. En un intento de contrarestar esta disputa, la OPAP publicó en un periódico local una notificación en la que declaraba haber pagado a Chipre el total de 117.081.295 Euros.

Por su parte, el Procurador General, Petros Clerides, manifestó que los juegos de OPAP son completamente diferentes, ya que eran formas legítimas, que operan bajo un acuerdo entre los Estados. A su vez, señaló que los juegos de OPAP no “cultivan la criminalidad”, como había afirmado que sí sucede en el caso de los juegos de azar en línea, y dijo que la prohibición propuesta ayudaría en la lucha contra el blanqueo de dinero y la delincuencia.

Justamente en base a estos motivos, la Comisión Europea aprobó la propuesta de prohibición del juego. Por su parte, quienes se oponen señalaron que por esta lógica, si las autoridades aprobaron una ley para regular y controlar el juego online, también podría convertirse en un negocio legítimo y contribuir con cantidades significativas de dinero a las arcas del Estado.

Según los operadores, la prohibición del juego online no hará que la actividad desaparezca, sino que por el contario, forzará su clandestinidad, pasando a ser controlada por organizaciones criminales, sin ofrecer protección a los jugadores.

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